Durante el pasado domingo, en el marco de la celebración del Día de la Madre, el Departamento de Policía Valle desplegó un amplio dispositivo de seguridad con el objetivo de garantizar la convivencia, la tranquilidad y la integridad de los ciudadanos.

Como resultado de estos esfuerzos, más de 1.500 uniformados fueron desplegados en toda la región, implementando planes operativos especiales orientados a prevenir hechos delictivos y reducir los índices de criminalidad que, históricamente, tienden a incrementarse a nivel nacional en esta fecha.

Resultados operativos

Durante el desarrollo de estas acciones se obtuvieron los siguientes resultados:

• 26 personas capturadas por la comisión de distintos delitos.
• 2 motocicletas recuperadas.
• 50 armas blancas incautadas.
• 182 comparendos aplicados en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Las conductas más recurrentes fueron:

• Portar armas, elementos cortantes, punzantes o similares, o sustancias peligrosas (artículo 27, numeral 6).
• Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas (artículo 27, numeral 1).
• Comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas (artículo 33, literal a).

Adicionalmente, se realizaron inspecciones a establecimientos comerciales, lo que permitió imponer 11 comparendos conforme a la Ley 1801 de 2016. En algunos casos, las infracciones detectadas derivaron en la suspensión temporal de actividades comerciales entre 3 y 10 días, debido a la presencia de menores de edad consumiendo bebidas embriagantes.

Seguridad vial y atención ciudadana

En materia de movilidad, los controles implementados en los principales corredores viales permitieron una circulación fluida. Se realizaron 53 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito, fueron inmovilizados 7 vehículos y capturadas 13 personas.

Por otra parte, el Centro Automático de Despacho (CAD) recibió 227 llamadas, de las cuales 35 correspondieron a riñas, las cuales fueron atendidas oportunamente por las unidades policiales. Asimismo, se impusieron 28 comparendos relacionados con riñas y alteraciones a la convivencia.

Comparativo de criminalidad

De acuerdo con las estadísticas consolidadas durante la celebración del Día de la Madre, el Departamento de Policía Valle evidenció una importante reducción en varios delitos de impacto frente al año 2025.

Las lesiones personales presentaron una disminución del 58%, pasando de 19 casos a 8 en 2026. Asimismo, se registró una reducción del 100% en delitos como hurto a personas, hurto a residencias, hurto a comercio, hurto de motocicletas y violencia intrafamiliar, logrando cero casos reportados durante la jornada.

En términos generales, el comportamiento delictivo presentó una reducción del 83%, pasando de 58 casos en 2025 a 10 en 2026, reflejando el impacto positivo de los planes preventivos y operativos desplegados por la Policía Nacional en el departamento.

El brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, señaló: “Los resultados obtenidos durante esta celebración reflejan el compromiso institucional y el buen comportamiento de la ciudadanía. Gracias al despliegue operativo y preventivo de nuestros uniformados, logramos una importante reducción de los delitos de impacto en el departamento”.

Finalmente, los dispositivos especiales implementados por los uniformados, junto con el personal del Modelo del Servicio de Policía y otras especialidades, permitieron mantener la normalidad en los municipios, centros comerciales y demás zonas de alta afluencia durante la celebración.

Tuluá. En una solemne ceremonia que exalta la vocación de servicio y el compromiso institucional, la Escuela de Policía “Simón Bolívar” celebra la graduación de 601 nuevos uniformados pertenecientes al Curso 008 de Patrulleros de Policía. Este selecto grupo, integrado por 211 mujeres y 390 hombres, se suma a los 3.937 estudiantes que hoy se titulan de manera simultánea en todo el territorio nacional, representando una nueva generación de servidores públicos dispuestos a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana.

Tras un riguroso proceso de formación académica, táctica y humanística, los graduandos han obtenido el título de "Técnico Profesional en Servicio de Policía". Esta certificación no solo avala su competencia técnica, sino que los posiciona como profesionales integrales en el campo del conocimiento policial, preparados para afrontar con integridad y efectividad los retos de un entorno social en constante evolución, bajo los más altos estándares de protección a los Derechos Humanos.

Este ascenso al escalafón policial se da en estricto cumplimiento de la Ley 2179 de 2021, marco normativo que profesionaliza la carrera de Policía y establece los requisitos para ingresar formalmente como Patrulleros. Con esta graduación, la Institución asegura que sus integrantes cuenten con las competencias necesarias para brindar un servicio más cercano al ciudadano, fundamentado en el conocimiento jurídico y la excelencia operativa.

Para la ESBOL, la entrega de estos nuevos profesionales representa el fruto del esfuerzo conjunto entre instructores, familias y estudiantes. Al incorporarse hoy a la Policía Nacional, estos hombres y mujeres asumen la responsabilidad de ser líderes en sus comunidades, portando el uniforme con el orgullo de quien ha sido formado en la excelencia y con la firme convicción de servir a Colombia bajo el lema de "Dios y Patria".

En el marco de las acciones contundentes contra los grupos armados organizados, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), el Cuerpo Élite Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de tropas del Ejército Nacional, logró la captura de dos presuntos integrantes de la estructura criminal Jorge Suárez Briceño, Frente Rodrigo Cadete, conocidos en el ámbito criminal como “Cachetes” y “Templete”.

Las capturas se materializaron gracias al trabajo investigativo y a las operaciones de control adelantadas en Cartagena del Chairá y La Macarena. Los detenidos serían hombres de confianza de esta estructura y estarían vinculados a acciones criminales que afectaban la seguridad y la tranquilidad en la región.

El primer resultado operacional se registró en el municipio de Cartagena del Chairá, donde fue materializada la captura por orden judicial de alias “Templete”, requerido por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto presuntamente sería coordinador de homicidios selectivos y sicario al servicio de esta estructura criminal. Asimismo, estaría relacionado con el homicidio de Wilmer Pancho Pesay, firmante de paz, ocurrido el 5 de octubre de 2024 en ese municipio, además de otros hechos de afectación a la vida en la zona.

El capturado fue presentado ante un juez de la República, quien le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por otra parte, en zona rural del municipio de La Macarena, las autoridades hicieron efectiva la captura por orden judicial de alias “Cachetes”, por el delito de concierto para delinquir agravado.

Según las investigaciones, este hombre sería persona de confianza de alias “Urias Perdomo”, conocido como “Cotiz”, cabecilla principal de la estructura criminal. Además, sería el encargado de perfilar víctimas para el cobro de extorsiones, especialmente comerciantes y ganaderos en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de la República definirá su situación judicial.

La Policía Nacional continuará desarrollando operaciones coordinadas e investigativas para contrarrestar el accionar de estructuras criminales y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el sur del país.

En desarrollo de la ofensiva frontal contra la extorsión carcelaria y en el marco de las estrategias institucionales orientadas a debilitar las estructuras delincuenciales que pretenden afectar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía desde centros penitenciarios, la Policía Nacional en Ibagué, a través del Grupo GAULA y en articulación con funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), adelantó un operativo de control y registro al interior del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, COIBA de Picaleña.

La intervención se llevó a cabo específicamente en celdas ubicadas en el bloque 5 del patio 32, donde las autoridades desarrollaron labores de inspección y verificación que permitieron obtener resultados contundentes en la lucha contra el delito de extorsión, modalidad criminal que afecta a comerciantes, empresarios y ciudadanos en diferentes regiones del país.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron la incautación de 33 teléfonos celulares, 35 tarjetas SIM, un módem de internet, 29 armas cortopunzantes artesanales y 31 accesorios para dispositivos móviles, elementos que presuntamente eran utilizados para la comisión de actividades delictivas desde el interior del centro penitenciario.

Es de resaltar que, gracias a la experiencia, capacidad investigativa y pericia operacional de los funcionarios del GAULA y del INPEC, fueron ubicadas varias caletas improvisadas al interior de las celdas, especialmente en tuberías, colchones y otros espacios acondicionados estratégicamente para ocultar los equipos de comunicación y demás elementos.

De acuerdo con las primeras verificaciones, varios de los dispositivos móviles incautados estarían siendo utilizados para realizar llamadas extorsivas no solo a ciudadanos de la capital tolimense, sino también a víctimas ubicadas en diferentes municipios del departamento del Tolima y zonas aledañas, mediante intimidaciones y amenazas para exigir sumas de dinero a cambio de no atentar contra la integridad de las personas o sus familias.

De esta manera, las autoridades continúan afectando de manera directa las capacidades logísticas y de comunicación utilizadas por estructuras delincuenciales para dinamizar actividades extorsivas desde centros de reclusión. En lo corrido del año, en el área metropolitana de Ibagué se han logrado 9 capturas por el delito de extorsión, de las cuales 4 fueron en flagrancia y 5 mediante orden judicial, según informó el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

En desarrollo de la estrategia de protección a la infancia y adolescencia, la Policía Nacional en Ibagué, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura mediante orden judicial de un hombre y una mujer, señalados de protagonizar durante varios años graves hechos de violencia física, psicológica y sexual contra una menor en la capital tolimense.

Las capturas se materializaron durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en el barrio Praderas de Santa Rita, en cumplimiento de órdenes emitidas por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué.

Los detenidos fueron identificados como Jhonathan David Pineda, de 36 años, conocido con el alias de “El Padrastro”, quien registra 2 anotaciones judiciales como indiciado por actos sexuales con menor de 14 años y 1 más por inasistencia alimentaria; así como Edid Duarte Fuentes, de 37 años, conocida como alias “Edid”.

Estas personas deberán responder por los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años agravada, inducción al suicidio, aborto sin consentimiento, tortura agravada y violencia intrafamiliar.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades durante aproximadamente 6 meses, se logró establecer que el hombre, quien fungía como padrastro de la víctima, una adolescente actualmente de 17 años presuntamente habría abusado de ella de manera sistemática desde que tenía 8 años de edad hasta los 16 años, en hechos ocurridos entre los años 2016 y 2025.

Según el proceso investigativo, la menor habría sido sometida de manera continua a múltiples formas de violencia y vulneración de derechos dentro de una vivienda ubicada en el barrio Ricaurte parte alta al sur de Ibagué. Las autoridades evidenciaron presuntos actos de abuso sexual, agresiones físicas, maltratos psicológicos, confinamientos cuando el menor inicio a tener amigos en el sector donde residía, amenazas y constantes intimidaciones que habrían mantenido a la víctima bajo un ambiente de temor y silencio.

Dentro de los hallazgos recopilados por los investigadores se conoció que la víctima presuntamente era amenazada mediante grabaciones y fotografías íntimas realizadas por su agresor, quien al parecer utilizaba este material para intimidarla y evitar que denunciara los hechos. Asimismo, las autoridades documentaron episodios de extrema violencia, entre ellos ataques físicos, quemaduras con sustancias químicas y presuntos intentos de envenenamiento.

La investigación también permitió establecer que la adolescente habría sido víctima de embarazos a temprana edad y de abortos presuntamente inducidos sin su consentimiento, igualmente, se investiga la presunta participación de la madre de la menor, quien, al parecer, habría permitido y facilitado la continuidad de los abusos y demás agresiones cometidas contra su hija.

Las autoridades señalaron que los hechos se habrían presentado de manera continua y progresiva durante varios años, incluso bajo dinámicas de control extremo y aislamiento. Según las investigaciones, la adolescente permaneció encerrada durante largos periodos y constantemente era sometida a vigilancia y manipulación.

Los hechos fueron conocidos por las autoridades, luego de que la menor lograra abandonar el entorno de violencia y acudiera donde unos familiares, lugar desde donde posteriormente decidió interponer la denuncia. A partir de ese momento, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial adelantaron un proceso investigativo que incluyó entrevistas forenses, declaraciones juradas, valoraciones medico legales y diferentes herramientas técnicas especializadas, permitiendo recopilar el material probatorio para solicitar las órdenes de captura.

Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades lograron la incautación de un computador portátil, 4 teléfonos celulares una memoria microSD, elementos que serían sometidos a análisis técnicos y forenses como parte de la investigación en curso. 

La adolescente fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento integral correspondiente. 

Finalmente, los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y posteriormente cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.          

"Es de resaltar que, durante la presente vigencia hemos materializado 11 capturas por delitos sexuales, 4 en flagrancia y 7 por orden judicial, 5 han sido por actos sexuales con menor de 14 años y 1 por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, registrando una reducción del 46% (86 casos menos) frente al periodo anterior, reiterando nuestro compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el área metropolitana de Ibagué." Manifestó el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.