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En desarrollo de acciones operativas orientadas a contrarrestar los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, la Policía Nacional logró la captura por orden judicial de un hombre conocido como alias “Wilmar”, señalado por el delito de hurto calificado.
El procedimiento policial se llevó a cabo en vía pública del barrio Las Granjas, comuna 6 del Distrito Especial de Barrancabermeja, donde fue capturado un hombre de 29 años de edad.
El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de hurto. Posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con las investigaciones, alias “Wilmar” registra anotaciones judiciales por los delitos de:
Con este resultado operativo, las autoridades continúan fortaleciendo las acciones encaminadas a la reducción de delitos de impacto y a la protección de la seguridad de los habitantes del distrito de Barrancabermeja.
Gracias a las continuas labores de investigación criminal, inteligencia policial y patrullajes preventivos, la Policía Nacional logró la captura, mediante orden judicial y en flagrancia, de 73 personas señaladas de afectar la vida y la integridad de los ciudadanos en Bogotá.
Entre los resultados más relevantes se destaca la captura de un ciudadano de nacionalidad venezolana, mediante orden judicial, por los delitos de homicidio y hurto agravado, en la localidad de Santa Fe. Este individuo estaría implicado en un hecho ocurrido el 30 de julio de 2025, en la localidad de Usaquén, donde un ciudadano de 59 años fue víctima de hurto violento mientras se movilizaba en una patineta eléctrica. La víctima fue lesionada con arma cortopunzante, falleciendo a causa de las heridas.
De acuerdo con las investigaciones, el capturado operaba en horas de la noche en compañía de otros delincuentes, seleccionando y siguiendo a sus víctimas para posteriormente asaltarlas de forma violenta. Asimismo, se le atribuye la participación en el hurto a una droguería en agosto de 2025. Este sujeto registra seis anotaciones judiciales por hurto.
Otro de los casos destacados corresponde a la captura, mediante orden judicial, de un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de su pareja sentimental, ocurrido el 25 de enero de 2026 en la localidad de Usaquén. Posterior al hecho, el implicado habría alterado la escena para simular un suicidio; sin embargo, gracias a las técnicas investigativas y científicas, se logró esclarecer el crimen.
De igual forma, en la localidad de Rafael Uribe Uribe fue capturado un ciudadano de nacionalidad venezolana conocido como alias “Papeles”, quien figura en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, requerido por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Este individuo estaría vinculado al homicidio de un ciudadano extranjero en 2025, a quien habría asesinado para apropiarse de dinero producto del tráfico de estupefacientes.
En otros resultados operativos, en el barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe, fue capturado un hombre que transportaba el cuerpo sin vida de una mujer en una carreta y que presuntamente estaría vinculado al hecho. Igualmente, en el barrio San Bernardino, localidad de Bosa, fue detenida una mujer de nacionalidad extranjera, quien habría ocasionado la muerte de un ciudadano con arma cortopunzante durante un hecho de intolerancia.
Asimismo, se logró la captura de cuatro presuntos sicarios, además de otros implicados en agresiones con arma cortopunzante en medio de riñas o conflictos de convivencia que derivaron en homicidios.
Es importante resaltar que en lo corrido del año 2026, se registra una reducción del 7 % en el delito de homicidio, con 33 casos menos en comparación con el año 2025. De igual manera, se han incautado más de 645 armas de fuego y se han impuesto 92.434 comparendos en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por porte de armas cortopunzantes.
La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a continuar aportando información oportuna que permita la identificación y judicialización de los actores delincuenciales, a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.
En el marco de la ofensiva contra la corrupción, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinó un contundente golpe a una estructura criminal dedicada al fraude electrónico. En una operación simultánea desarrollada en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Montería, se realizaron diligencias de registro y allanamiento, además de hacerse efectivas 11 órdenes de captura por orden judicial contra personas señaladas de apropiarse presuntamente de más de 3.000 millones de pesos, recursos destinados a familias en condición de vulnerabilidad en Colombia.
De acuerdo con la investigación, esta organización criminal se especializaba en la suplantación de identidades y de puestos de cobro, con el fin de apropiarse ilegalmente de recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), dirigidos exclusivamente a programas de atención para población vulnerable.
El desvío ilícito de estos fondos estatales supera los 3.000 millones de pesos, afectando directamente los recursos destinados a programas sociales. Para cometer este fraude, la organización presuntamente suplantaba las huellas dactilares de las víctimas. Mediante rigurosos cotejos dactiloscópicos, los peritos judiciales establecieron que la red accedía de forma ilegal al software diseñado para enrolar las huellas de los beneficiarios legítimos, modificándolas por las del cabecilla de la organización y las de sus cómplices para efectuar cobros fraudulentos.
Se trata de una investigación que se extendió por más de dos años, en la que investigadores del Área Anticorrupción de la DIJIN recopilaron, desde el año 2023, material probatorio suficiente para llegar a este resultado. La denuncia inicial fue presentada por una red multiservicios de giros ante la Fiscalía General de la Nación, luego de detectar irregularidades en varios de sus puntos de pago. Diversas auditorías internas permitieron identificar la modalidad delictiva empleada por esta estructura criminal.
Las autoridades lograron identificar a alias “Yeimar” como presunto cabecilla de la organización, así como a otros integrantes con roles específicos dentro de la estructura, entre ellos reclutadores, cobradores y suplantadores. Inicialmente, habrían comenzado a cobrar fraudulentamente subsidios en la ciudad de Medellín y en municipios del departamento de Antioquia; posteriormente, habrían extendido su accionar a Ibagué (Tolima), Montería (Córdoba) y Barranquilla (Atlántico), donde buscaron puntos estratégicos para falsificar documentos de identidad, acceder de manera abusiva a sistemas informáticos y captar colaboradores para materializar los cobros ilegales.
La investigación permitió establecer que el dinero desviado correspondía a subsidios de programas estatales como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas de Desplazamiento por la Violencia. A la fecha, se han identificado más de 334 víctimas en todo el territorio nacional, así como 49 denuncias penales y 69 quejas radicadas ante la red multiservicios. Las investigaciones continúan para ubicar a más presuntos integrantes y colaboradores de la organización, entre ellos posibles funcionarios públicos que habrían suministrado información privilegiada.
Durante los allanamientos fueron hallados e incautados nueve computadores, ocho terminales telefónicas y tres discos duros, elementos que serán sometidos a análisis forense para la extracción de información. Asimismo, fueron encontradas máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos utilizados para la presunta elaboración ilícita de cédulas de ciudadanía.
Las 11 personas capturadas, junto con los elementos materiales probatorios incautados, fueron presentadas en audiencia pública ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.
Con este resultado operativo, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de los recursos del Estado y con la garantía de que las ayudas sociales lleguen a quienes realmente las necesitan, neutralizando a quienes pretenden lucrarse de manera ilegal mediante el uso fraudulento de la tecnología.
