En desarrollo de las acciones orientadas a la protección de la biodiversidad amazónica y la preservación de los recursos naturales, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional logró la recuperación de dos iguanas durante actividades de control y verificación realizadas en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, como parte de las estrategias permanentes para prevenir el tráfico ilegal de fauna silvestre. 

Los ejemplares fueron recuperados de manera oportuna y puestos a disposición de Corpoamazonia, autoridad ambiental competente, donde recibirán la valoración médico veterinaria correspondiente para verificar su estado de salud y, posteriormente, adelantar el proceso de rehabilitación y liberación en un entorno seguro que garantice su bienestar y permanencia en su hábitat natural. 

Este procedimiento representa un importante aporte a la conservación de la fauna silvestre y evidencia el compromiso institucional con la protección de las especies que hacen parte del patrimonio natural del Amazonas. Asimismo, fortalece las acciones de vigilancia y control encaminadas a prevenir el tráfico ilegal de especies, considerado una de las principales amenazas para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas de la región. 

La Policía Nacional reitera su compromiso con la defensa del medio ambiente e invita a la ciudadanía a proteger la riqueza natural del país, abstenerse de adquirir o comercializar animales silvestres y denunciar oportunamente cualquier actividad que ponga en riesgo la fauna, la flora y los recursos naturales, contribuyendo así a la conservación del patrimonio ambiental para las futuras generaciones.

Montería, Córdoba. La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, a través del CAI Turístico de la Estación de Policía Norte, realizó la captura en situación de flagrancia de una ciudadana por el presunto delito de hurto, en hechos registrados en un establecimiento comercial de la ciudad.

Durante labores de patrullaje, los uniformados fueron informados por la central de comunicaciones sobre un posible caso de hurto al interior de un almacén. Al llegar al lugar, se entrevistaron con el administrador del establecimiento, quien manifestó que una mujer presuntamente había sustraído varios elementos de belleza, avaluados en aproximadamente 345.000 pesos, sin realizar el respectivo pago.

Tras verificar las cámaras de seguridad del establecimiento, los policías observaron que la ciudadana presuntamente ocultó los productos en un bolso e intentó abandonar el lugar sin cancelar su valor. Ante esta situación, se procedió a materializar su captura en flagrancia por el delito de hurto, contemplado en el artículo 239 del Código Penal Colombiano.

Posteriormente, la capturada fue trasladada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, URI en turno, donde deberá responder por el delito que se le atribuye. Durante todo el procedimiento se garantizó el respeto por sus derechos humanos y el debido proceso.

El señor Mayor Andrés Martínez Padilla, comandante de la Estación de Policía Norte, manifestó:

“La oportuna reacción de nuestros uniformados permitió recuperar los elementos hurtados y poner a disposición de la autoridad competente a la persona presuntamente responsable. Invitamos a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad, ya que su información es fundamental para actuar de manera rápida y efectiva.”

La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería reafirma su compromiso con la protección del patrimonio económico de los ciudadanos e invita a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier conducta delictiva a través de la línea de emergencia 123 o ante la patrulla del cuadrante más cercano.

En un contundente golpe contra el crimen organizado transnacional, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, materializó la retención de un ciudadano colombiano, quien era buscado internacionalmente mediante Notificación Roja emitida por las autoridades judiciales de España.

La retención tuvo lugar en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá D. C., justo en el momento en que el requerido arribaba a la terminal aérea.

Esta persona es solicitada por la justicia española para responder por el delito de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; de acuerdo con el expediente de la investigación originada en el país europeo, este sujeto está presuntamente vinculado con actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de ketamina en la ciudad de Zaragoza, España. Las autoridades judiciales de ese país determinaron que el estupefaciente era distribuido en dosis precisas para su posterior comercialización al menudeo en las calles de dicha ciudad.

El exitoso resultado operacional fue producto de un riguroso trabajo de inteligencia y cooperación internacional, que se logró mediante una minuciosa verificación en campo, la efectiva administración de fuentes humanas especializadas y la impecable aplicación de los mecanismos de cooperación policial internacional, garantizando así el cumplimiento del requerimiento judicial extranjero.

Este importante operativo reafirma el compromiso de la Policía Nacional de Colombia, a través de la DIJIN y la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL, en la lucha frontal contra el narcotráfico y la impunidad, demostrando que el trabajo coordinado entre naciones es fundamental para llevar ante la justicia a quienes intentan evadir sus responsabilidades penales cruzando fronteras.

El retenido ha sido puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de extradición que permita su traslado hacia el Reino de España, donde deberá responder ante la justicia por los delitos señalados.

En un contundente golpe contra las redes del narcotráfico y gracias a la efectiva cooperación policial internacional, la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, retuvo en el sector del barrio Laureles de la ciudad de Medellín (Antioquia), a un ciudadano panameño, quien era buscado mediante una notificación roja de Interpol a solicitud de las autoridades judiciales de la República de Panamá. El retenido es requerido por la justicia de su país para responder por los delitos contra la seguridad colectiva, reunión y conspiración y tráfico de drogas.

De acuerdo con los reportes investigativos y de inteligencia compartidos entre las dos naciones, el retenido es señalado como uno de los principales líderes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

Según las investigaciones la estructura criminal centraba sus operaciones en la modalidad de contaminación de contenedores comerciales en el Puerto de Balboa (Panamá), una de las terminales marítimas más importantes del continente. Esta red había logrado consolidar un alto grado de organización, una vasta capacidad logística y la presunta infiltración en instalaciones portuarias estratégicas; estas características la convirtieron en un actor clave y dinamizador dentro de las grandes rutas del narcotráfico transnacional en la región.

Este importante resultado operativo es el producto de un riguroso trabajo articulado y de un esfuerzo multinacional. La operación se materializó gracias al intercambio de información estratégica en tiempo real, el uso efectivo de las bases de datos globales de Interpol y la activación de los mecanismos de cooperación policial internacional.

En la coordinación y ejecución de este golpe contra el crimen organizado participaron de manera conjunta la DIJIN – OCN Interpol Colombia, la OCN Interpol Panamá, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos (Homeland Security Investigations - HSI) y el Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El ciudadano panameño retenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para dar inicio a los trámites diplomáticos y legales correspondientes requeridos por la República de Panamá.

Tras un año de exhaustivas investigaciones la Policía Nacional de Colombia a través del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Agencia de investigaciones de Seguridad Nacional Estadounidense (HSI) e INCOCRÉDITO, logró la desarticulación de una peligrosa organización cibercriminal presuntamente dedicada al fraude informático, la suplantación de identidades y la comercialización ilegal de servicios de telecomunicaciones.

La operación interinstitucional se materializó a través de cuatro diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Usaquén y Fontibón (Bogotá) y en el municipio de Soacha (Cundinamarca), dejando como resultado la captura de cuatro personas que vulneraban las infraestructuras tecnológicas de reconocidas empresas del sector.

De acuerdo con la investigación, los presuntos ciberdelincuentes se desempeñaban como asesores comerciales (impulsadores) de las marcas afectadas; al no contar con privilegios de administrador en los sistemas de información, obtenían de manera ilícita los datos personales de analistas de perfilamiento comercial para suplantarlos. A través de la alteración de correos electrónicos y números telefónicos, los implicados lograron modificar 23 usuarios y vulnerar los sistemas de seguridad empresariales, esto les permitió generar productos, eliminar registros de carteras castigadas y alterar tarifas para ofrecer servicios fraudulentos de internet, streaming, televisión y telefonía con descuentos de hasta el 50% de su valor real. Esta actividad ilícita presentó un incremento significativo durante el marco del Mundial de Fútbol 2026.

El desfalco a las compañías de telecomunicaciones supera los $6.500 millones de pesos; la red criminal logró crear aproximadamente 1.500 servicios asociados a 931 clientes, a quienes les fueron entregados 3.664 equipos (codificadores de televisión y módems). Estos servicios ilegales eran comercializados a través de redes sociales, páginas web, actividades promocionales en universidades y dos locales fachada ubicados en el sector de San Mateo, en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

Durante los operativos, la DIJIN incautó 36 elementos materiales probatorios, entre los que se destacan: 3 computadores portátiles, 2 tabletas digitales, 8 discos de almacenamiento, 10 teléfonos celulares, 8 memorias USB, un lector biométrico, cajas con accesorios tecnológicos, tarjetas SIM y abundante material documental y comercial. El análisis pericial en tiempo real de estos dispositivos reveló conversaciones con funcionarios técnicos y comerciales para el intercambio de información privilegiada.

En el ámbito financiero, se logró la incautación con fines de comiso de un vehículo de alta gama avaluado en $180 millones de pesos, adquirido presuntamente con dineros ilícitos. Asimismo, se solicitó el bloqueo de 20 cuentas bancarias que registraron movimientos financieros superiores a los $3.000 millones de pesos producto de esta actividad delictiva. El Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía solicitará las respectivas medidas cautelares.

Los capturados fueron presentados en audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías; una fiscal la Dirección Especializada Contra los Delitos Informáticos les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir; acceso abusivo a un sistema informático; daño informático; utilización ilícita de redes de comunicaciones y usurpación de derechos patrimoniales de propiedad industrial.

Durante las audiencias preliminares, dos de los capturados aceptaron los cargos imputados. Por disposición del Juez de Control de Garantías, tres de los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra la ciberdelincuencia y la protección del patrimonio económico y la infraestructura tecnológica del país.