En desarrollo de acciones operativas orientadas a contrarrestar los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, la Policía Nacional logró la captura por orden judicial de un hombre conocido como alias “Wilmar”, señalado por el delito de hurto calificado.

El procedimiento policial se llevó a cabo en vía pública del barrio Las Granjas, comuna 6 del Distrito Especial de Barrancabermeja, donde fue capturado un hombre de 29 años de edad.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de hurto. Posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Wilmar” registra anotaciones judiciales por los delitos de:

• Porte ilegal de armas de fuego (2016)
• Tráfico de estupefacientes (2025)
• Hurto calificado (2025)

Con este resultado operativo, las autoridades continúan fortaleciendo las acciones encaminadas a la reducción de delitos de impacto y a la protección de la seguridad de los habitantes del distrito de Barrancabermeja.

Gracias a las continuas labores de investigación criminal, inteligencia policial y patrullajes preventivos, la Policía Nacional logró la captura, mediante orden judicial y en flagrancia, de 73 personas señaladas de afectar la vida y la integridad de los ciudadanos en Bogotá.

Entre los resultados más relevantes se destaca la captura de un ciudadano de nacionalidad venezolana, mediante orden judicial, por los delitos de homicidio y hurto agravado, en la localidad de Santa Fe. Este individuo estaría implicado en un hecho ocurrido el 30 de julio de 2025, en la localidad de Usaquén, donde un ciudadano de 59 años fue víctima de hurto violento mientras se movilizaba en una patineta eléctrica. La víctima fue lesionada con arma cortopunzante, falleciendo a causa de las heridas.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado operaba en horas de la noche en compañía de otros delincuentes, seleccionando y siguiendo a sus víctimas para posteriormente asaltarlas de forma violenta. Asimismo, se le atribuye la participación en el hurto a una droguería en agosto de 2025. Este sujeto registra seis anotaciones judiciales por hurto.

Otro de los casos destacados corresponde a la captura, mediante orden judicial, de un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de su pareja sentimental, ocurrido el 25 de enero de 2026 en la localidad de Usaquén. Posterior al hecho, el implicado habría alterado la escena para simular un suicidio; sin embargo, gracias a las técnicas investigativas y científicas, se logró esclarecer el crimen.

De igual forma, en la localidad de Rafael Uribe Uribe fue capturado un ciudadano de nacionalidad venezolana conocido como alias “Papeles”, quien figura en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, requerido por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Este individuo estaría vinculado al homicidio de un ciudadano extranjero en 2025, a quien habría asesinado para apropiarse de dinero producto del tráfico de estupefacientes.

En otros resultados operativos, en el barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe, fue capturado un hombre que transportaba el cuerpo sin vida de una mujer en una carreta y que presuntamente estaría vinculado al hecho. Igualmente, en el barrio San Bernardino, localidad de Bosa, fue detenida una mujer de nacionalidad extranjera, quien habría ocasionado la muerte de un ciudadano con arma cortopunzante durante un hecho de intolerancia.

Asimismo, se logró la captura de cuatro presuntos sicarios, además de otros implicados en agresiones con arma cortopunzante en medio de riñas o conflictos de convivencia que derivaron en homicidios.

Es importante resaltar que en lo corrido del año 2026, se registra una reducción del 7 % en el delito de homicidio, con 33 casos menos en comparación con el año 2025. De igual manera, se han incautado más de 645 armas de fuego y se han impuesto 92.434 comparendos en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por porte de armas cortopunzantes.

La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a continuar aportando información oportuna que permita la identificación y judicialización de los actores delincuenciales, a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.

En el marco de la ofensiva contra la corrupción, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinó un contundente golpe a una estructura criminal dedicada al fraude electrónico. En una operación simultánea desarrollada en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Montería, se realizaron diligencias de registro y allanamiento, además de hacerse efectivas 11 órdenes de captura por orden judicial contra personas señaladas de apropiarse presuntamente de más de 3.000 millones de pesos, recursos destinados a familias en condición de vulnerabilidad en Colombia.

De acuerdo con la investigación, esta organización criminal se especializaba en la suplantación de identidades y de puestos de cobro, con el fin de apropiarse ilegalmente de recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), dirigidos exclusivamente a programas de atención para población vulnerable.

El desvío ilícito de estos fondos estatales supera los 3.000 millones de pesos, afectando directamente los recursos destinados a programas sociales. Para cometer este fraude, la organización presuntamente suplantaba las huellas dactilares de las víctimas. Mediante rigurosos cotejos dactiloscópicos, los peritos judiciales establecieron que la red accedía de forma ilegal al software diseñado para enrolar las huellas de los beneficiarios legítimos, modificándolas por las del cabecilla de la organización y las de sus cómplices para efectuar cobros fraudulentos.

Se trata de una investigación que se extendió por más de dos años, en la que investigadores del Área Anticorrupción de la DIJIN recopilaron, desde el año 2023, material probatorio suficiente para llegar a este resultado. La denuncia inicial fue presentada por una red multiservicios de giros ante la Fiscalía General de la Nación, luego de detectar irregularidades en varios de sus puntos de pago. Diversas auditorías internas permitieron identificar la modalidad delictiva empleada por esta estructura criminal.

Las autoridades lograron identificar a alias “Yeimar” como presunto cabecilla de la organización, así como a otros integrantes con roles específicos dentro de la estructura, entre ellos reclutadores, cobradores y suplantadores. Inicialmente, habrían comenzado a cobrar fraudulentamente subsidios en la ciudad de Medellín y en municipios del departamento de Antioquia; posteriormente, habrían extendido su accionar a Ibagué (Tolima), Montería (Córdoba) y Barranquilla (Atlántico), donde buscaron puntos estratégicos para falsificar documentos de identidad, acceder de manera abusiva a sistemas informáticos y captar colaboradores para materializar los cobros ilegales.

La investigación permitió establecer que el dinero desviado correspondía a subsidios de programas estatales como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas de Desplazamiento por la Violencia. A la fecha, se han identificado más de 334 víctimas en todo el territorio nacional, así como 49 denuncias penales y 69 quejas radicadas ante la red multiservicios. Las investigaciones continúan para ubicar a más presuntos integrantes y colaboradores de la organización, entre ellos posibles funcionarios públicos que habrían suministrado información privilegiada.

Durante los allanamientos fueron hallados e incautados nueve computadores, ocho terminales telefónicas y tres discos duros, elementos que serán sometidos a análisis forense para la extracción de información. Asimismo, fueron encontradas máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos utilizados para la presunta elaboración ilícita de cédulas de ciudadanía.

Las 11 personas capturadas, junto con los elementos materiales probatorios incautados, fueron presentadas en audiencia pública ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.

Con este resultado operativo, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de los recursos del Estado y con la garantía de que las ayudas sociales lleguen a quienes realmente las necesitan, neutralizando a quienes pretenden lucrarse de manera ilegal mediante el uso fraudulento de la tecnología.

En el marco de la operación de alta precisión “Pompeya” y tras una investigación internacional iniciada en el año 2022, la Policía Nacional, a través de la DIJIN y la DIPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Ejército Nacional y la cooperación internacional decidida, efectiva y confiable de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), logró la captura en el municipio de Uribia (La Guajira) de un hombre conocido como alias “El Gallero”, señalado como principal articulador del tráfico transnacional de estupefacientes y armas en la región de la Alta Guajira.

El capturado contaba con una orden de captura con fines de extradición, expedida por la Corte del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), por los delitos de conspiración para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Alias “El Gallero”, presunto cabecilla de la estructura criminal conocida como “Clan Cotes”, controlaba rutas estratégicas hacia Centroamérica con destino final a los Estados Unidos, con una capacidad estimada de envío mensual de entre dos y tres toneladas de clorhidrato de cocaína. Según la investigación, también proveía de armamento y municiones al Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y facilitaba el tránsito de grandes cargamentos de estupefacientes provenientes del Catatumbo, presuntamente de propiedad del ELN y del Clan del Golfo.

Las autoridades establecieron que el hoy capturado habría aprovechado su posición social y política —tras haberse desempeñado como concejal de Uribia durante el periodo 2020-2023— para presuntamente lavar dinero del narcotráfico mediante fundaciones, contratos públicos y la administración de instituciones etnoeducativas. Asimismo, instrumentalizaba su pertenencia a la comunidad Wayuu para mimetizarse y evadir los controles de las autoridades.

Ante los recientes hechos de violencia y homicidios selectivos registrados en el municipio de Maicao, se logró determinar que alias “El Gallero” venía ordenando acciones criminales motivadas por disputas territoriales contra alias “Naín”, cabecilla de las ACSN, situación que lo había llevado a ocultarse en rancherías de la zona.

Este resultado obedece a un seguimiento sostenido de inteligencia e investigación criminal. Durante el año 2025, entre la DEA y la Policía Nacional, se asestaron cinco golpes logísticos a esta red criminal: dos en República Dominicana y tres en Uribia (La Guajira), que permitieron la incautación de 4.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína, debilitando de manera significativa el andamiaje criminal del “Clan Cotes”.

La captura de alias “El Gallero” representa un golpe contundente a una de las redes criminales con mayor incidencia en el norte del país. Este resultado genera una afectación directa en cuatro ejes fundamentales: la cadena internacional de suministro entre proveedores de la zona del Catatumbo y receptores en Centroamérica y Estados Unidos; las finanzas ilícitas de la estructura; la dinámica de violencia territorial en municipios como Maicao y Uribia; y la capacidad de corrupción e infiltración en escenarios institucionales y políticos de la región.

El capturado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se surtan los trámites correspondientes para su extradición hacia territorio estadounidense.

En el marco de las estrategias contra el crimen organizado transnacional, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y con el apoyo del Ejército Nacional, propinó un golpe estratégico a las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), logrando la captura simultánea de tres presuntos dinamizadores de la estructura criminal 39 “Arcesio Niño”, en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Tolima.

Los capturados deberán responder por los delitos de terrorismo, secuestro simple, extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

Se trata de alias “Winny”, señalado como cabecilla de la comisión armada; alias “La Bichota”, presunta cabecilla de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales (RAER); y alias “Vicente”, identificado como presunto explosivista de la organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas desempeñaban roles críticos en logística, inteligencia criminal, reclutamiento forzado y control territorial. Asimismo, se les atribuye la participación en extorsiones, desplazamientos forzados y homicidios, además de acciones terroristas de alto impacto contra la Fuerza Pública, como el ataque con cilindro bomba perpetrado en 2023 contra el Ejército Nacional en el sector de La Loma, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

Con este resultado operacional se logra un debilitamiento directo de la estructura criminal bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, afectando sus capacidades logísticas y financieras, así como el recaudo de dineros ilícitos y las economías ilegales asociadas al narcotráfico en el departamento del Meta.

La operación representa un avance significativo en la desarticulación de redes dedicadas al sostenimiento y expansión territorial del grupo armado organizado residual en la región.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, el orden constitucional y la protección de las comunidades, mediante acciones contundentes contra las estructuras criminales que afectan la convivencia y la tranquilidad en el territorio nacional.