La Unidad Investigativa de delitos contra la seguridad ciudadana de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), el Frente de Seguridad Empresarial y la empresa de gas de Manizales realizaron intervención a los locales comerciales dedicados a la compra y venta de material reciclable con el fin de dejar a disposición los elementos que no tengan la documentación legal de su procedencia.
El procedimiento fue realizado teniendo en cuenta el incremento de hurtos que se está presentando en esta municipalidad sobre los medidores y conectores de gas, los cuales están compuestos por cobre y aluminio.
Los funcionarios llegaron hasta las chatarrerías de los barrios Galería y San José e incautaron en un local comercial 42 contadores y tres reguladores de gas avaluados por el personal de la empresa de gas de Manizales en 19 millones de pesos, el dueño del local comercial sin oponerse permitió el ingreso al local para la respectiva verificación iniciando la revisión en presencia suya, al preguntarle por la documentación que acreditará la propiedad de los elementos, manifestó no tenerlos e informó que cada uno de ellos los compro por la suma de $1.500 a diferentes personas habitantes de residencia no formal.
Al propietario del local comercial le realizaron el cierre del establecimiento y también le realizaron un comparendo teniendo en cuenta la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, Artículo 93: “Comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que afectan la actividad económica” numeral 11; Almacenar, tener, comercializar y poseer mercancías, sin demostrar su lícita procedencia, así mismo los elementos fueron dejados a disposición de la Inspección Permanente de Policía con el fin de que sean ellos los que realicen las coordinaciones necesarias para la destrucción o entrega de los mismos ante la empresa de gas de Manizales.
La Policía Nacional seguirá realizando estos planes de control en las chatarrerías de la ciudad de Manizales y Villamaría con el fin de que no se sigan presentando los hurtos de los medidores y de esta forma proteger la economía de las familias afectadas, ya que son ellas las que deben asumir los costos asociados con la reposición de estos elementos, igualmente sensibilizaremos a los propietarios y administradores de estos establecimientos comerciales sobre la conducta punible en la cual podrían estar involucrados por la compra y/o comercialización de manera ilegal.