En el marco de una ofensiva contra las redes criminales y los delitos transnacionales, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en articulación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) de la Embajada de los Estados Unidos, la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), Migración Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía Nacional de España, logró la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) denominado “Apócrifo”.

Durante operativos simultáneos realizados en Bogotá D. C., Barranquilla, Soledad (Atlántico) y Neiva (Huila), se materializaron 15 órdenes de captura contra 12 ciudadanos colombianos y tres ciudadanos dominicanos, requeridos por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad material en documento público.

Las labores investigativas y de Policía Judicial, que incluyeron interceptación de comunicaciones, análisis lofoscópicos, búsquedas selectivas en bases de datos y análisis de vínculos, permitieron establecer que esta red captaba principalmente ciudadanos provenientes de República Dominicana y Venezuela para dotarlos fraudulentamente de la nacionalidad colombiana mediante la expedición irregular de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes.

De acuerdo con la investigación, la estructura habría cooptado a servidores públicos clave, entre ellos tres funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá y Barranquilla, quienes presuntamente aprovechaban sus cargos para omitir requisitos legales, ingresar al sistema biométrico, registrar huellas y facilitar la expedición de documentos de identidad fraudulentos.

Asimismo, fue capturada una funcionaria de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Huila, en Neiva, quien presuntamente participaba en la formalización y entrega irregular de pasaportes sustentados en cédulas obtenidas de manera fraudulenta o extemporánea.

Según las autoridades, la organización cobraba entre 4 y 7 millones de pesos por cada trámite documental y, en algunos casos, hasta 7.000 dólares en rutas más complejas. La estructura criminal contaba con una división de funciones claramente definida.

Los extranjeros eran recibidos en Colombia y alojados temporalmente mientras se coordinaban desplazamientos a notarías y registradurías. Posteriormente, integrantes de la red se presentaban como supuestos padres biológicos de los ciudadanos extranjeros, rindiendo declaraciones juramentadas falsas y aportando documentación apócrifa para tramitar registros civiles de nacimiento extemporáneos.

Una vez obtenidos estos registros fraudulentos, los funcionarios presuntamente vinculados a la organización adelantaban los procesos de biometría y expedición de contraseñas, cédulas de ciudadanía y pasaportes.

Las investigaciones permitieron establecer que, una vez obtenían la identidad colombiana, los migrantes eran enviados hacia Europa y Estados Unidos, utilizando rutas aéreas y terrestres que incluían conexiones por Medellín y pasos fronterizos en Ecuador, Perú y Brasil para evadir los controles migratorios.

Los investigadores de la DIJIN determinaron que esta modalidad no solo era utilizada para facilitar la migración irregular, sino también para encubrir la identidad de personas con requerimientos judiciales internacionales. Entre los beneficiarios de estas identidades fraudulentas figurarían personas con antecedentes relacionados con narcotráfico y lavado de activos en los Estados Unidos.

Como resultado del trabajo coordinado con la Registraduría Nacional del Estado Civil, hasta la fecha se ha logrado la cancelación de 43 identidades fraudulentas. Esta información fue compartida con autoridades europeas y estadounidenses para facilitar la ubicación e identificación de personas que estarían utilizando documentación colombiana obtenida de manera irregular.

La investigación permitió establecer que la organización era presuntamente liderada por alias “Tito” o “Wilson Cabarcar”, ciudadano dominicano que residía en Colombia desde 2017 y que habría obtenido una identidad colombiana irregular en 2019.

Alias “Tito” registra antecedentes judiciales en su país de origen y habría sido deportado anteriormente de los Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de armas y estupefacientes. Junto a él fueron capturados sus principales coordinadores logísticos y financieros, conocidos con los alias de “Brígido” y “Mello”.

Los 15 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la realización de las audiencias preliminares ante un juez de control de garantías, quien determinará la legalidad de las capturas y el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.

La Policía Nacional de Colombia continuará fortaleciendo las acciones investigativas y operativas contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes, la falsificación documental y los delitos transnacionales que afectan la seguridad y la institucionalidad del país.